El régimen del 78 al completo impone nuevas restricciones que conculcan el espíritu y la letra de sus propias leyes mientras exigen a los españoles su draconiano cumplimiento basado en la limitación de sus derechos y libertades como único antídoto para combatir la pandemia, en lugar de reforzar infraestructuras críticas, adoptar medidas de seguridad colectiva, proteger a poblaciones vulnerables o promover una política de estímulos y ayudas económicas que palie la hecatombe socio-económica que se cierne.

El reciente decreto de estado de alarma del gobierno de Pedro Sánchez, pone de manifiesto, otra vez más, su deriva autoritaria y el desprecio absoluto, no solo del ejecutivo, sino de la mayoría del congreso de los diputados, incluida la oposición de PP y C´s, en la observancia de su propia legalidad mediante una interpretación torticera de la norma que estira el plazo para la vigencia de este estado excepcional más allá de lo establecido en sus previsiones, escamoteando el control parlamentario sobre el gobierno y, fundamentalmente, como ha señalado algún agudo e incisivo comentarista, trasladando la decisión de levantar el estado de alarma, que corresponde a la supuesta sede de la soberanía nacional, a un simple comité integrado por las comunidades autónomas. Es decir, el consejo interterritorial de sanidad suplantará al congreso de los diputados en una de sus atribuciones soberanas, confirmando de esta manera la normalización de una dinámica confederal vía delegación de potestades excepcionales a las comunidades autónomas.

Así, cada una de las autonomías determinan en su territorio toda suerte de limitaciones de los derechos y libertades fundamentales, como han impuesto hasta ahora tras la “desescalada”, incluso sin una ley habilitante previa, variando el alcance de las mismas de una comunidad a otra, y se permiten establecer toques de queda y alzar fronteras sanitarias entre regiones vecinas mediante confinamientos perimetrales.

Esta es la Expaña del Borbón y sus 17 virreinatos pandémicos, gobernados por despotillas de todo signo ante la que los españoles están desamparados, ya que la podredumbre alcanza a todas las instituciones del estado y demás poderes públicos, abarcando a la justicia y al estamento de juristas y leguleyos cuyo silencio frente a tanto atropello y burla de la ley clama y delata su complicidad.

La partitocracia corrupta, en sus niveles estatal, autonómico y local, independientemente de sus siglas da por hecho el adocenamiento de los españoles ante la arbitrariedad y el abuso de poder del que hacen gala en todas y cada una de las medidas que adoptan en la gestión de la pandemia. Cuentan con la mella de casi cuarenta años de dictadura más otros tantos decenios de régimen de libertades otorgadas, que no conquistadas, para prometérselas felices en medio de una debacle sin precedentes.

Los nacional-republicanos saludamos las protestas que lleven a la calle a nuestros compatriotas en todo el territorio nacional para defender sus derechos y libertades, sean de la índole que sean, y les llamamos a la autoorganización en marcos estables para coordinar su autodefensa y sus acciones vindicativas frente a un régimen que se torna cada vez más despótico.