El rey ha presidido el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado un nuevo paquete de recortes por 65.000 millones de euros y medidas –que no serán las últimas– dirigidas a machacar a los españoles. Con su presencia, como cabeza del régimen, ha ratificado su adhesión a las políticas de ajustes del ejecutivo del PP: incremento del IVA e impuestos especiales sobre el consumo, disminución en la percepción por desempleo, reducción de la dotación prevista en la ley de dependencia por el cuidado de enfermos, supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios...

El monarca ha apelado a la «responsabilidad, solidaridad, templanza y espíritu de sacrificio cuando las circunstancias lo exigen» de los españoles, exhortándoles a aceptar con resignación su apaleamiento sistemático ante la «coyuntura económica particularmente complicada, tanto a escala española como europea, que exige mucha firmeza y determinación». Pero esta situación de catástrofe sin precedentes no es producto de una fatalidad que los españoles deban aceptar con estoicismo, sino responsabilidad del corrupto régimen que él corona, de sus gobiernos y partidos al servicio de las oligarquías y oligopolios del gran capital; del derroche de su disparatada estructura autonómica y de sus clientelas; de sus bancos y cajas de ahorro que, entrampados con las finanzas de medio mundo para alimentar sus pelotazos inmobiliarios del pasado, han lastrado al conjunto de la economía hacia el abismo.

Asimismo, el rey ha propalado falsas esperanzas de salida a la crisis solicitando al gabinete que nadie resulte «excluido de los efectos de la recuperación económica», cuando ninguna de las políticas adoptadas por los gobiernos de la monarquía, antes del PSOE y ahora del PP, apuntan a soluciones favorables al pueblo trabajador. Y cuando ni siquiera la más optimista de las previsiones contempla una mejora de la economía a corto plazo.

Para rematar, Juan Carlos I ha invocado el europapanatismo hispánico, lo que según sus palabras es «la vieja vocación europeísta de España», para encasquetarnos peroratas favorables al dictado de Eurolandia: severos incremento de impuestos indirectos, draconianos recortes de gastos sociales, paralización de las inversiones públicas en infraestructuras, desmantelamiento paulatino del sistema público de pensiones, sanitario y educativo, precarización de la función pública y reducción drástica del empleo en las administraciones públicas, disminución brutal de los salarios en todos los sectores y abaratamiento del despido.

España, con el beneplácito del FMI, está siendo sometida por el Euro-Reich a un salvaje programa de devaluación interna bajo la losa de su deuda global, primordialmente privada. La adopción de “reformas estructurales” para el reintegro de la deuda a los prestamistas internacionales, principalmente centroeuropeos, significa el expolio y la pauperización masiva de los españoles, el retroceso de sus condiciones de vida varias décadas atrás y la colonización de manos del imperialismo alemán y norteamericano.

No «se trata de salvar a este país» como ha afirmado la vicepresidente Sáenz de Santamaría, sino de salvarle el pellejo a la monarquía de los banqueros cargando sobre los baldados lomos de los españoles el peso de una deuda que no les corresponde asumir y que por su montante astronómico es, además, impagable.

Estamos incursos, desde mayo de 2010, en un proceso de “quiebra ordenada” gradual, tutelado por la UE que desemboca, más pronto que tarde, en la “reestructuración” de la deuda, con quitas y esperas para los acreedores con la imposición, en contrapartida, de más planes de purga. Desde los centros neurálgicos de la Mitteleuropa, sin disimulo, ya se insta al reinito de Expaña a acudir al rescate como Estado, más allá de los 100.000 millones de euros solicitados para el sector bancario –al que el BCE ha estado permitiendo endeudarse hasta el último momento–. La caída de ingresos por recaudación, los datos de desempleo y las previsiones de crecimiento económico negativo sitúan inexorablemente a España al borde de la insolvencia. El deterioro de los títulos soberanos hace insostenible la financiación pública, el Tesoro se enfrentará con dificultad al cumplimiento de vencimientos inmediatos y, por más recortes que se hagan en el gasto público y se contenga el déficit, el default será inevitable

Organizar la victoria

Si como ha aseverado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, «los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad», entonces es que vivimos bajo una pavorosa tiranía.

Los españoles estamos emplazados pues, a una alternativa histórica: aceptar ser súbditos de un estado residual, vasallo de Berlín, despojados de todo resquicio de soberanía popular-nacional, condenados por varias generaciones a la miseria y a la indigencia moral o combatir por nuestra supervivencia material y nuestra dignidad como Pueblo merecedor de tal nombre en la reconstrucción de España instaurando una República de los Trabajadores que ponga fin a la hegemonía del gran capital y rompa con la Europa de los oligopolios y las oligarquías financieras que comanda el imperialismo alemán en una dinámica devastadora.

El Partido Nacional Republicano saluda las recientes movilizaciones de sectores afectados por los recortes, como los mineros y funcionarios, y celebra que los ciudadanos las secunden. Sin embargo, estas protestas no pueden conformarse con vindicaciones meramente socio-laborales ni sucumbir a los cantos de sirena del sindicalismo y su estrecho marco economicista. Estamos ante una situación de tal magnitud que, como queda patente, sus efectos alcanzan al conjunto de los españoles, independientemente de su situación laboral, imponiendo una pugna de naturaleza política.

El primer jalón en esta lucha de liberación, desde el primer momento, exige como meta el derrocamiento democrático del juancarlismo. Son ellos o nosotros: no sirven los programas electorales del engaño y la mentira de la partitocracia borbónica, ni los demás métodos y formas de actuación circunscritos a los medios de participación y representación establecidos por el régimen. El parlamentarismo y el sindicalismo de los grandes aparatos conducen a los españoles a la derrota, bien generando la ilusión de posibilidad de alternancia a través de los comicios que periódicamente se organizan, bien desmovilizando las protestas en acciones y huelgas generales promovidas por los bonzos sindicales de UGT y CCOO, cuya principal función es contener las demandas de cambio social en los cauces del orden capitalista.

Sobran motivos para una rebelión encaminada a la defenestración del vigente régimen antinacional, antidemocrático y antisocial que sólo podrá articularse mediante la acción política directa:

1. Movilizaciones, concentraciones y ocupaciones masivas del espacio público, asedio a las sedes institucionales y de la partitocracia que nos han precipitado a la debacle.
2. Auto-organización de los luchadores en comités soberanos para el sostenimiento y extensión de las acciones.
3. Constitución de juntas territoriales para su coordinación.
4. Formación de piquetes de autodefensa como garantía del ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y demás libertades que se intente reprimir en la calle.

Es este un largo y abrupto camino, una vía presumiblemente nada indolora, en el que los españoles sí podrán elegir libremente hacer sacrificios.

¡Por nuestra soberanía e independencia nacional!
¡Abajo la monarquía de los banqueros!
¡No al reconocimiento de la deuda!