La investidura de Mas, con el trasfondo de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre inmersión lingüística, trae a colación una observación apuntada en un reciente análisis de las autonómicas catalanas publicado en nuestro portavoz. Así, se aseveraba que el juancarlismo consideraba que, de la misma manera que Cataluña tiene su “lengua propia”, el catalán, dispone también de su partido propio. A saber, CiU.

Lengua y partido propio son los ingredientes de la Cataluña post-Tripartito, elementos que combinados en la alianza sociovergente, engrasan uno de los engranajes esenciales de la maquinaria que maneja el régimen borbónico en su labor de demolición confederal de España.

El PSC, vapuleado por CiU en las elecciones, ha prestado su abstención para facilitar el nombramiento del líder de aquella formación, Artur Mas, como presidente de la Generalidad. A cambio, exige al convergente el compromiso de mantener el modelo de inmersión lingüística impuesto desde los tiempos de Pujol. Lo que en la práctica, aparentemente, supondría desacatar la sentencia de TS que, hecha pública en la víspera de la investidura, insta a la utilización del español junto al catalán como lengua vehicular de la enseñanza. Sin embargo, al margen de esto, el pacto va más allá con el objetivo de obtener para Cataluña un concierto económico a la vasca.

De esta manera el PSC, la filial catalana del principal partido vertebrador del juancarlismo, el PSOE, se ha retratado como fuerza auxiliar de CiU. Se ha apresurado a apuntalar al “partido propio” que, conforme a los esquemas del régimen, encarnaría la quintaesencia política de lo autóctono, destinado a regir por derecho Cataluña. Ha vuelto a la carga la sociovergencia, cuyo acuerdo blindado, además de sumir en la perplejidad al PPC de Sánchez Camacho, ha disipado de un plumazo sus anhelos de «ser necesario» para la gobernabilidad de Cataluña.

Pero, ¿cuál es el contenido de la sentencia del TS que ha llamado al toque a rebato y concitado la solidaridad sociovergente? La obligación de usar el castellano en la enseñanza obligatoria «en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana». Así, la sentencia discurre en los lugares comunes del mítico relato de la “cooficialidad” de las lenguas: el catalán, la lengua propia o vernácula, originalmente estaría en desventaja frente al castellano por años de represión en su uso. Tras décadas de “normalización”–es decir, de “inmersión” en la que el español ha sido la lengua reprimida–, el catalán debería abandonar su posición predominante en el ámbito de la educación y cohabitar con el español en pie de igualdad. El TS considera que la política lingüística aplicada por la Generalidad para “normalizar” «la lengua propia de Cataluña en todos los ámbitos de la sociedad catalana sin duda ha dado sus frutos y conseguido sus objetivos legítimos».

Estamos ante un mero brindis al sol de los órganos judiciales del juancarlismo que dispone el uso del español en «la proporción que proceda», cuantificación cuya determinación corresponderá, según la sentencia, a la apreciación de la Generalitat. En cuyo caso, si se considerara que la “normalización” no ha sido alcanzada suficientemente, debería de proseguir el trato de favor al catalán por un tiempo transitorio. Nuevamente, no se especifica los tiempos ni se constriñe a actuar en plazo al gobierno catalán.

No obstante estas indeterminaciones, que permitirían a la Generalidad un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de la sentencia, el PP y Ciutadans, la “leal oposición” a la sociovergencia, se han mostrado alborozados por el sentido del fallo judicial y se han precipitado a proclamar el final del modelo de inmersión lingüística que opera en Cataluña desde hace 25 años.

Estas formaciones –PP, Ciutadans o UPyD– ofician, como siempre, de maestros del confusionismo y el engaño de los españoles propalando falsas ilusiones: creen a pie puntillas en la “cooficialidad” lingüística emanada de la Constitución y de los estatutos. Están convencidos de que las disposiciones constitucionales y estatutarias del régimen protegen equitativamente a las dos lenguas oficiales en aquellos territorios en que se ha reconocido este hecho. Sin embargo, la realidad es que la “cooficialidad” ha operado como pretexto para aniquilar la lengua común de los españoles en beneficio de la “lengua propia” del correspondiente territorio. Es uno de los requisitos de la hoja de ruta confederal del régimen para conformar este país en un tinglado de formaciones paraestatales marcadas por “hechosdiferenciales” como la lengua. Así ha ocurrido en Cataluña, en Galicia, en Vascongadas, en Valencia, en Baleares... Y por si cupiera alguna duda, reiteradamente, las sentencias del Tribunal Constitucional han avalado los distintos decretos de inmersión lingüística.

Ante el desamparo, algunas organizaciones cívicas y desde alguno medios del ámbito constitucionalista se ha invocado el “derecho de los padres” a elegir la lengua vehicular en la enseñanza de los hijos. Pero no es posible aplaudir la vigente Constitución y luego tratar de conjurar sus nefastas consecuencias con argumentos libertario-liberales contra la intervención del Estado, o metafísicos y apolíticos como unos pretendidos derechos naturales de las familias. Esos posicionamientos anarco-individualistas no caben en ningún ordenamiento estatal y abocan a una lucha estéril aplacada por las instancias judiciales del régimen que, aunque en algún caso den la razón a los afectados, cual es el caso de la sentencia del TS sobre inmersión lingüística, sus efectos son menores que los del papel mojado.

En cambio, el combate por la República Española centralizada que preconiza el Partido Nacional Republicano, es la única vía que puede ser emprendida para librarnos de la opresión etno-lingüística a la que nos somete el juancarlismo. Inexorablemente, nuestra liberación pasa por la abolición de las autonomías, regímenes forales, privilegios anacrónicos y conciertos, así como la instauración del  español como única lengua oficial y vehicular de la enseñanza, las instituciones y administraciones.