El gobierno de Rodríguez Zapatero, obedeciendo a las exigencias de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, y al dictado directo de Botín, ha comprometido 250.000 millones de euros en concepto de compra de activos y avales a los banqueros y después ha aprobado el destino de 99.000 millones para tapar los agujeros de las cajas de ahorro, órganos de poder financiero de las oligarquías autonómicas. Finalmente, Zapatero ha premiado a esas oligarquías con más de 11.000 millones en concepto de nuevo modelo de financiación.

Estas soluciones no sólo son soluciones del capital. Además son incapaces de relanzar una economía en bancarrota. En septiembre de 2008, Zapatero afirmó: «no hay crisis». En septiembre de 2009 ha proclamado, sin cortarse un pelo: «lo peor de la crisis ha pasado». Pero los hechos son tozudos.

Según Eurostat el paro en julio abarcaba al 18,5% de la población activa (4.270.000 desempleados). A partir de este dato, el paro a fin de año podría rozar los 5 millones. Sin embargo, aún siendo los cálculos de Eurostat los más fiables, no escapan totalmente a la contaminación de las manipulaciones estadísticas que el zapaterismo viene practicando desde 2005, gracias a las que no se contabilizan como parados quienes buscan un empleo a domicilio, en otra comunidad diferente a la que residen; los que piden un trabajo a media jornada; los afectados por un ERE suspensivo; los registrados en el desempleo que realizan un curso de formación, etc. La toma en consideración de todas estas situaciones permitiría computar medio millón de parados más. En cualquier caso, terminaremos 2010 con un paro por encima de los 6 millones.

En cuanto al déficit público, la ministra de Economía ha confirmado que el Estado está gastando el doble de lo que ingresa por la vía de los impuestos, pero se calla que las comunidades autónomas y los ayuntamientos gastan el triple. El déficit para el conjunto de las administraciones públicas en 2009 puede alcanzar los 135.000 millones de euros, equivalentes a más del 13% del PIB. La subida de impuestos que prepara Zapatero es completamente incapaz de impedir que la dislocación presupuestaria siga aumentando en 2010. Por lo cual Zapatero seguirá tirando de la deuda pública.

El total de la deuda pública a finales de 2009 superará los 700.000 millones de euros, muy por encima del 60% del PIB, y al terminar 2010 rebasará el billón de euros, o sea, el 100% del PIB. Éste es, más o menos, el umbral que alcanzará, según cálculos del FMI, la deuda de los países desarrollados en los próximos cinco años. En este contexto, las economías más débiles, como la española, sucumbirán. Los inversores darán la espalda a los bonos españoles por su alto riesgo en comparación con otras economías más sólidas. Y cuando esto suceda, la monarquía y todos sus aparatos políticos se pondrán de rodillas suplicando compasión a los acreedores de la zona euro, o al FMI, el prestamista de última instancia al que recurren los países desahuciados.

El régimen se verá forzado a un durísimo programa de ajuste que implicará brutales reducciones de los salarios y retribuciones de los trabajadores, de expolio fiscal y desmantelamiento de servicios públicos, mientras el sector financiero se reestructurará en medio de un torbellino de quiebras y absorciones. Un programa controlado por el BCE, o por el FMI, flanqueados por nuestros grandes acreedores, Alemania y Francia, que tanto por razones económicas como del prestigio de Eurolandia no pueden permitir el “default”.

El PP ha secundado todas las medidas zapaterinas de ayuda al sector financiero con dinero de los contribuyentes y de incremento de la financiación a los caciques autonómicos, a pesar de que una parte sustancial de la misma ha sido acaparada por las CCAA catalana y andaluza, pródigas en votos a Zapatero. En momento alguno ha ofrecido alternativas generales al curso del PSOE. Se limita a propinarle pellizcos de monja, como las demandas de reducción del gasto corriente y de alivio de la carga fiscal de las empresas. Pero, a la vez, sin dar la cara para no desgastarse, azuza a los portavoces de las salidas neoliberales más radicales –desregular completamente las relaciones laborales, despido libre “flexiseguro”, abismamiento de los costes salariales, extensión de la privatización a los servicios públicos de empleo, la seguridad social, la sanidad, etc.–, consciente de que a la postre serán las que impongan nuestros acreedores internacionales. Los mismos que han provisto a nuestros bancos y cajas el maná que ha hecho posible, desde Aznar, la burbuja inmobiliaria y su posterior catástrofe.

Cuando el Partido Nacional Republicano ha distribuido octavillas con la leyenda “Derecha e Izquierda, la Misma Mierda”, no profería un insulto. Se limitaba a realizar una descripción.