Para el Partido Nacional Republicano la Nación Española es previa y preexistente a la constitución vigente o a su reforma en ciernes y, mal que les pese a muchos malintencionados, indocumentados y analfabetos funcionales, España no fue inventada por el dictador Franco. Si la Nación quiere pervivir, invariablemente, debe desembarazarse del fracasado, ilegal e ilegítimo régimen liberal del 78 que no ha impedido y, por tanto, ha permitido la declaración unilateral de independencia del secesionismo catalanista.

Este es un régimen ideológicamente liberal y por ende antidemocrático. Argumentan sus capitostes, empezando por el rey, y demás representantes que todo es defendible, incluso la disolución balcanizadora de España, siempre que se inste por los cauces previstos de la legalidad. El voto de un separatista que desea la desintegración nacional equivale al de un ciudadano español que quiere seguir siéndolo. Consideran Pueblo español a quienes no quieren serlo y son hostiles a España. Pero el Pueblo es la fuente de legitimidad de la que emana toda soberanía democrática. No pueden formar parte del Pueblo quienes quieren constituir sus propios estados independientes a costa de nuestra soberanía.

El régimen borbónico impone esta contradicción esencial y antidemocrática también a través del relato falaz e indigerible del fallido estado autonómico, feudo y trinchera de los casposos separatistas, empleando sus instituciones autonómicas para atentar contra la integridad nacional.

Este régimen ilegal e ilegitimo ha suspendido de facto su propia legalidad dando tregua al separatismo y le ha conminado al diálogo y a la solución pactada hasta el último momento. Ha ofrecido tribuna en la supuesta sede de la soberanía nacional a quienes abiertamente la pretenden liquidar, mientras ha dejado tirados en manos del criminal, supremacista y xenófobo separatismo a nuestros compatriotas de Cataluña.

La Nación Española no puede ya confiar en ninguna acción de los poderes del estado borbónico, so pena de aceptar de antemano ser engañados y defraudados una y otra vez. La justicia y la fiscalía, obligadas a actuar de oficio se han inhibido en casi todo momento, revelando la inexistencia de la tan cacareada división de poderes. El presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, prometió que no habría referéndum independentista ni el 9-N ni el 1-O ni declaración de independencia. Los hechos le desmienten y le desacreditan.

La activación del artículo 155 de la constitución y la aplicación de las anunciadas medidas a su amparo no tienen ningún efecto sobre una administración trufada de separatistas en pie de guerra ni sobre sus redes clientelares y séquitos. No altera su estructura de poder, sólo remueve a alguno de sus cargos y altos mandos. La convocatoria de elecciones catalanas el 21-D dejará todo igual resulte cualesquiera vencedor o se produzca giro demoscópico. En caso que el separatismo no las boicotee, se les permitirá volver a obtener representación institucional y legitimar a los mismos sediciosos que han atentado contra la soberanía nacional sin mayores consecuencias. El gobierno del PP ya ha manifestado por boca de su portavoz su plácet si Puigdemont se presentara a estos comicios. Si por el contrario los separatistas no participan, redoblaran su estrategia guerracivilista en Cataluña.

La gran estafa que en realidad se está consumando

Pero la cosa va mucho más lejos. La reforma de la constitución pactada por el PP y el PSOE con la anuencia de C´s  justificada para “modernizar” el estado autonómico y contener la desafección separatista en Cataluña es la piedra de toque de una actuación concertada y coordinada por el régimen mediante la escenificación del “procés”, hilo argumental de una representación servida a lo largo de un lustro en entreactos en los que esteladas independentistas y, ahora en el punto álgido, banderas nacionales han servido de coreografía para la dramatización de esta farsa llevada al extremo para evidenciar la necesidad de un nuevo consenso, como coartada para recomponer los intereses de las oligarquías del gran capital del régimen, incluidas las secesionistas, en una “segunda transición” que aboca a la deconstrucción “plurinacional” de España en una plataforma formal para mantener la permanencia en Eurolandia y bajo el paraguas de la OTAN del nuevo régimen de facto que resultará de este reparto político-territorial. Esta es la “hoja de ruta confederal” del régimen del 78 que, jalón tras jalón, el PNR viene denunciando, implacablemente, desde hace más de un decenio.

Espabilemos

Ante este panorama, la Nación Española debe actuar al margen de los partidos del régimen y desconectar del referente “constitucionalista” con el que se trata de aplacar y reconducir su pujanza para taponar el desbordamiento por abajo del régimen. La partitocracia borbónica es fautora y cómplice de una traición sin precedentes. El PP es un partido de corruptos y felones, cuya ejecutoria reciente no deja lugar a dudas en la gerencia hacia el proyecto “plurinacional” de España. C´s, el recambio regeneracionista procurado por el propio régimen, deja hacer mientras le permitan arrimar a su candidata, Arrimadas, a presidente de la Generalidad. El PSOE es la punta de lanza y quinta columna de la “plurinacionalidad” a cuyo rebufo se sitúa Podemos-IU, alineados con la Antiespaña declarada de separatistas y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y demás tribus y etnias.

La Nación Española frente a los tejemanejes del régimen del 78 y sus componentes separatistas debe avanzar desde hoy mismo en la instauración de un nuevo marco jurídico-político, legal y legítimo: la República Unitaria, democrática y soberanista de ciudadanos españoles que abola el estado autonómico y restablezca la integridad nacional, la libertad e igualdad efectiva de los españoles en todo el territorio y asuma todos los resortes del poder del Estado y, mediante el traspaso a titularidad pública, el control de la economía estratégica en manos hoy de las oligarquías del gran capital y sus pares de las camarillas periféricas antiespañolas.

Organizar la resistencia desde Cataluña

La republiqueta catalana independiente, aunque no despliegue sus efectos en el plano formal ni haya obtenido reconocimiento internacional, existe en el plano real y factual a pesar de su apariencia virtual. Estamos en los tiempos de la postmodernidad y lo virtual desplaza a lo real, suplantándolo. En Cataluña, el entramado administrativo y sus zonas grises formadas por diversas entidades y organismos, el sistema educativo y los medios de comunicación están copados por separatistas. La hegemonía cultural e ideológica seguirá siendo detentada por ellos y proseguirá la persecución de la lengua común española. Las masas de separatistas antiespañolas existen.

La Nación Española en Cataluña está integrada por aquellos quienes quieren seguir siendo españoles y no se resignan a ser súbditos del poder separatista ni del connivente régimen del 78 que los ha abandonado a la inquina separatista desde hace decenios.

Los españoles de Cataluña además de no acatar y desobedecer a la republiqueta virtual catalana, están obligados a derrocarla. Esto supone romper con el marco autonómico, ejerza quien ejerza el gobierno, sea separatista o “constitucionalista” y por extensión con el régimen.

Para su autodefensa en Cataluña, la Nación Española debe auto-organizarse en asambleas y juntas para la resistencia en todo el territorio catalán. La coordinación de todas ellas debe culminar en la constitución de un Parlamento soberano español en Cataluña que conforme una legalidad paralela, ajena a la Generalitat y al gobierno de Madrid.

El voto de un español nunca puede equivaler al de ningún separatista. La Nación Española en Cataluña no debe participar y sí boicotear los comicios del 21-D al “Parlament” secesionista convocados por Rajoy, presenten o no sus candidaturas los partidos separatistas.

Si la Nación Española en Cataluña asumiera esta vía y su ejemplo prendiera en el resto de España, quizá, todavía habría una oportunidad para que España sobreviviera a la trapacería del régimen del 78.