Al margen del resultado del proceso secesionista en curso y su impredecible deriva, emplazamos a nuestros compatriotas a la lucha para avanzar en la constitución del nuevo Estado en el que los partidos antiespañoles y separatistas sean proscritos y en el que no se obligue a nadie a ser ciudadano español.
Para el Partido Nacional Republicano poco importa que fueran dos millones, medio millón o sólo decenas de miles los manifestantes en la Diagonal y la Gran Vía de Barcelona quienes el pasado 11 de septiembre se bañaron en un mar de cuatribarradas ensuciadas con las estrellas de la independencia. A todos ellos, fueran el número que fuesen, tanto a quienes simplemente quieren tener derecho a votar en una consulta sobre la secesión de Cataluña como a quienes directamente quieren ejercer el sentido de su voto a favor de la independencia catalana, les invitamos a coger sus bártulos y largarse a Escocia. Allí, el soberano parlamento británico de lores y comunes de su graciosa majestad Isabel II admite los referendos de independencia.
No les echaremos de menos ni nos vincula ningún lazo afectivo con ellos. Por el contrario, les echamos de más. Ellos no se consideran españoles ni quieren. Nosotros tampoco les consideramos españoles y no pretendemos obligarles a serlo. No son españoles descarriados como algunos todavía creen cándidamente, sino enemigos jurados de nuestra existencia nacional. Por tanto, les reconocemos su “derecho a decidir” si se van o se quedan, pero no a vindicar Cataluña, tan española como Andalucía, Vascongadas, Galicia o las Chafarinas. Es nuestro territorio nacional, no un territorio irredento.
Conforme al gobierno del PP, por boca de su vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, le parece respetable que una porción de moradores de Cataluña quiera despedazar España y todo quedaría reducido a una cuestión procedimental y legalista: la «Constitución (…) establece los procedimientos por los que los gobernantes pueden cambiar nuestro sistema constitucional. El Gobierno no puede cambiar su posición porque es la Constitución la que establece el procedimiento para los cambios que la Generalitat reclama». Esto es, la Constitución ahora no admite el derecho a la consulta ni a la secesión, pero si el límite es la ley suprema, su revisión por los cauces previstos podría admitirlo. Este planteamiento es propio de su ideología liberal, formalismo legalista desprovisto de cualquier emoción nacional más allá de una “marca” con la que hacer negocios en el mundo.
En cambio, para el nacionalismo democrático y republicano del PNR, España es nuestra Patria bimilenaria, realidad estatal en la vanguardia de la Historia desde hace más quinientos años y marco para la construcción de la Nación moderna en República del Trabajo, en la que ningún grupo puede arrogarse ni usurpar el ejercicio de la soberanía nacional-popular del Pueblo español.
De acuerdo a nuestra Resolución táctica de octubre de 2013 llamamos a los españoles, especialmente a los de Cataluña –y Vascongadas– a la acción directa: autoorganización en asambleas y juntas para la resistencia y el boicot activo frente a las consultas secesionistas y elecciones plebiscitarias que se puedan celebrar, con o sin el permiso de la monarquía juancarfelipista, y a la movilización contra las negociaciones, reformas estatutarias, resoluciones judiciales, revisiones constitucionales, pactos y trapicheos del régimen con el independentismo que pretendan el “acomodo” de Cataluña.
Al margen del resultado del proceso secesionista en curso y su impredecible deriva, emplazamos a nuestros compatriotas a la lucha, no para mantener la situación actual, sino para avanzar en la constitución del nuevo Estado en el que los partidos antiespañoles y separatistas sean proscritos y en el que no se obligue a nadie a ser ciudadano español: quienes renuncien a esta condición fundamental y todavía quieran permanecer en nuestro territorio nacional podrán optar al estatus de meros residentes, despojados de derechos político.