Se alza con clamor creciente la panacea de una reforma laboral, centrada en la flexibilización de los contratos y el abaratamiento de los despidos. Según sus promotores, ante todo el Sr. Díaz Ferrán, jerarca de la CEOE, éste es el único camino capaz de contener la destrucción de empleo en un primer momento y de fomentar una recuperación económica a continuación.
Esta propuesta reposa enteramente en la falacia. Como fruto de las sucesivas reformas de Felipe González y Aznar, los empresarios disponen de un arsenal de modelos de contratación temporal diseñados para imponer la precariedad. Más del 30% de los asalariados españoles son trabajadores temporales que están siendo masivamente despedidos a coste cero. Como ha señalado el profesor Roberto Centeno «la afirmación central de los que ven en la reforma laboral el bálsamo de fierabrás, según la cual, si el despido fuera más barato, los empresarios contratarían muchos más trabajadores, carece totalmente de base, ya que los empresarios pueden contratar a quien deseen sin coste de despido alguno, y si no lo hacen no es por la rigidez del marco laboral, es por el hundimiento imparable de la actividad económica, cuyas causas están en otra parte».
Pero hay más. En el último año la oleada de despidos se ha comenzado a cebar en el colectivo de trabajadores con contrato indefinido. El expediente que vehiculiza ese proceso son los EREs. Muchos siguen sin enterarse de que cada ERE extintivo esconde despido a precio de saldo, bendecido por el gobierno, patronal y grandes sindicatos: indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Por esta vía las empresas se están quitando de encima a trabajadores fijos con mucha antigüedad a precio de ganga que, además, en parte corre a cargo de los servicios de empleo o del fondo de garantía salarial. Destaquemos de paso que los grandes sindicatos perciben, en concepto de asistencia, cantidades por encima de los 6.000 euros por cada ERE en el que intervienen.
Las propuestas de Díaz Ferrán y compañía son rateras tentativas de esquilmar costes laborales, de rebajarlos a niveles tan cochambrosos que, como ha comentado el profesor Santiago Niño Becerra, «resulte más rentable tener a un montón de personas tirando de una cuerda que pagar los servicios de una grúa». Añádase a eso que desvían la atención de las reformas estructurales realmente trascendentales y que, en lo inmediato, permiten a Zapatero y las mafias sindicales presumir de sensibilidad social.
Pero no podemos ignorar que las propuestas de reforma laboral neoliberal tienen un innegable alcance futurista. Se alinean completamente con los planes de anulación de derechos y conquistas sociales impulsados por Bruselas en el marco de la llamada “estrategia de Lisboa”, cuyo objetivo declarado es convertir a Eurolandia en “la economía más competitiva del planeta”. Y con la irrupción de la crisis capitalista internacional, el gran capital europeo necesita ir ya a por todas: atacar las retribuciones directas y diferidas de la población trabajadora, imponerle el pago de las sumas entregadas por los gobiernos a los bancos y, más en general, restablecer las condiciones de un relanzamiento del interés financiero y del beneficio industrial y comercial. El economista y premio Nobel Paul Krugman resumía esta línea proponiendo una reducción del 15% en los salarios reales en España.