La vivienda, por tratarse de una cuestión fundamental, no puede entregarse a la esfera del mercado ni ser gestionada con las políticas municipales y autonómicas de urbanismo, so pena de convertirse en un suculento negocio para unos pocos y un drama para la mayoría que pretende acceder a una vivienda.
La crisis económica, que en España tuvo en su epicentro en la construcción y el mercado inmobiliario, ha introducido un cambio de tendencia en la vivienda, pasando la de alquiler a ser más demandada que la vivienda en propiedad hipotecada por motivos obvios. Los programas televisivos de investigación y denuncia recurrentemente muestran la problemática de los situación actual de la vivienda de alquiler y el drama social al que son arrojados decenas de miles de jóvenes y oriundos de barrios emblemáticos que no pueden permitirse más que una vivienda en alquiler y son desalojados por el alza de los precios o se les imposibilita el acceso a un hogar ante el auge del turismo masivo en las grandes urbes españolas, negocio al que ávidamente concurren desde el rentista a las empresas de gestión inmobiliaria especializada, fondos buitres e inversionistas foráneos en un movimiento especulativo que infla el mercado de la vivienda en renta a niveles estratosféricos. Bien están estas denuncias pero más allá de esto sólo queda, como otras tantas cuestiones, en el descargo de conciencias mediante lo que no dejan de ser más que programas de entretenimiento de masas, más nada.
La vivienda, por tratarse de una cuestión fundamental, no puede entregarse a la esfera del mercado ni ser gestionada con las políticas municipales y autonómicas de urbanismo, so pena de convertirse en un suculento negocio para unos pocos y un drama para la mayoría que pretende acceder a una vivienda.
Un régimen capitalista al servicio de las grandes oligarquías financieras y oligopolisticas como el borbónico que cínicamente proclama en el artículo 47 de su constitución como derecho el acceso a una vivienda digna y en condiciones no procura más que, en el mejor de los casos, leves medidas sociales, como las viviendas de protección oficial, o la corrección de algunas de sus disfunciones con políticas de fomento que no atajarán el problema de fondo que en los parámetros actuales consiste en concebir la vivienda como un bien de mercado más con el que pegar pelotazos.
Para los nacional-republicanos el acceso a la vivienda constituye unos de los puntos prioritarios del plan nacional de trabajo que adoptará la República que postulamos. Así, nuestro programa establece la creación de una institución pública dotada de financiación y potestad expropiatoria que le permita la adquisición masiva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, al margen de las fluctuaciones del mercado. Entre las funciones de este instituto estará la gestión al servicio de la Nación del enorme parque de viviendas vacías obtenido tras la socialización de la banca. Estas medidas atenderán a las demandas que genere la movilidad geográfica de nuestros compatriotas en aras del desarrollo y cohesión nacional.