El régimen juancarlista está obligado por su constitución a hacer cumplir y respetar la legalidad. Sin embargo, es incapaz de hacerlo, más que por impotencia por inhibición. Es obvio que este régimen antinacional y antisocial no pretende impedir que bandas de extranjeros indocumentados violenten nuestras fronteras.
Los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla no constituyen una novedad y son insignificantes en sí en cuanto al impacto migratorio que suponen: la mayoría de quienes logran entrar en territorio español, apenas unos centenares, son devueltos al otro lado o internados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y muy pocos alcanzan la Península desde allí. Resulta irrisorio este flujo migratorio si se compara con las entradas masivas de inmigrantes ilegales toleradas durante estos años atrás a contingentes procedentes de Hispanoamérica y el este de Europa que, bien por Barajas o la Junquera, se han saltado a la torera la legalidad con la connivencia de los sucesivos gobiernos del juancarlismo que además brindaron una regulación laxa en la materia, ávidos por importar mano de obra barata para sostener un modelo económico fallido cuyas consecuencias pagamos ahora.
Al propio desprecio y burla por la ley española mostrado por quienes aspiran a traspasar nuestras fronteras de manera ilegal se añade el agravante de que se realice violentamente, forzando el paso a las bravas. Quien quiera acceder a nuestro territorio debe reunir los requisitos necesarios y atenerse a los procedimientos establecidos. Al margen de esto, ya no estamos ante un problema migratorio, sino de soberanía nacional. Este principio pasa por imponer el cumplimiento de la ley y por mantener la integridad y el control de nuestros límites territoriales.
El régimen juancarlista está obligado por su constitución a hacer cumplir y respetar la legalidad. Sin embargo, es incapaz de hacerlo, más que por impotencia por inhibición, rendido a otras consideraciones y preso de sus contradicciones. Por delante de la soberanía nacional priman las monsergas humanitaristas de las ONG, la moralina lastimera de la izquierda caviar y otros solidarios. Con todo, el dogma neoliberal del derecho de libre circulación de las personas consagrada por Eurolandia, coartada para presionar a la baja las condiciones laborales de los trabajadores nacionales de todo el mundo, es un artículo de fe que comparte la izquierda y la derecha del capital. Y una situación que exige el reforzamiento del control y la seguridad, incluso con el despliegue de efectivos del ejército, ni se baraja no vaya a ser que la militarización de la frontera importune a Mohamed VI, “el hermano menor” del Borbón.
Lo alarmante de las actuales avalanchas de asaltantes es que introducen una nueva dinámica desbordante, tanto por la asiduidad de las intentonas que se suceden y el número de participantes como por la respuesta del inane gobierno de Rajoy ante las mismas, cuyo efecto es retroalimentarlas. Acobardado por las críticas a las concertinas y tras los desgraciados sucesos de la playa de Tarajal, ha dado instrucciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que realicen un empleo limitado de medios antidisturbios para repeler las oleadas de inmigrantes que tratan de franquear las alambradas. La consecuencia ha sido inmediata, los ilegales conocedores de la consigna de hacer la vista gorda aprovechan la ocasión para intensificar sus intentos de ataque que, incluso, se organizan en las redes sociales.
Precisamente, coincide la extensión del fenómeno de las acometidas masivas en el perímetro de Ceuta y Melilla con un cambio de actitud del gobierno de Rabat con la inmigración, desde cuyo territorio se producen las invasiones. Marruecos ha introducido un procedimiento de regularización para sin papeles que llevará al consiguiente “efecto llamada” para toda África, pese a su carácter restringido. Mientras que el ministro de Interior, Fernández Díaz, elogia la colaboración de las autoridades marroquíes en el control migratorio, la realidad es que en el reino alauí campan al menos, 30.000 indocumentados que aguardan su oportunidad de pasar a España. El irredentismo marroquí no oculta que dispone de una magnífica arma para acechar Ceuta y Melilla, permitiendo oleadas migratorias contra estas ciudades españolas.
El ejecutivo del PP, aparte de planear vallas anti trepada, no contempla otras iniciativas más que hacerse eco del vacuo llamamiento del ministro de Interior, Fernández Díaz, para un pacto de estado en inmigración, jaleado también por el ex presidente Rodríguez Zapatero, al parecer, toda una autoridad moral en el tema. Por lo demás, echa balones fuera y apela a Bruselas para que se involucre en la resolución de la problemática. Pero la UE, a través de su comisaria en la materia, Cecilia Malmström, no ha manifestado más interés en el asunto que reprobar la actuación de la Guardia Civil en Ceuta y exigir el cumplimiento de la legislación europea de derecho de asilo.