Quienes nos oponemos al curso disgregador de España culpamos ante todo al régimen juancarlista de esta situación y, a diferencia de aquellos que todavía se deshacen en elogios hacia el estado autonómico, consideramos que este es el motor de la centrifugadora.
El consejo territorial del PSOE ha aprobado su propuesta de estado federal con la finalidad declarada de reconducir la deriva independentista impulsada en Cataluña y dar “acomodo” a esta región mediante su redentora reforma de la estructura del estado, como punto de encuentro con el rupturismo y conjuro contra las tendencias “recentralizadoras”. Así como con el propósito de restañar sus fricciones con el PSC, formación partidaria de las tesis secesionistas del “derecho a decidir”; posición inherente a la evolución del catalanismo que la filial, especializada en embaucar charnegos de los cinturones obreros de Barcelona, siempre ha secundado, precisamente, con el aliento de Ferraz que, por su parte, se muestra comprensiva con los “sentimientos y opiniones de la ciudadanía catalana” influida por “la insatisfacción de los modelos de financiación, la decepción sobre el desenlace de la reforma estatutaria y las dificultades del modelo autonómico actual para integrar sus singularidades culturales, simbólicas o nacionales”.
El federalismo del PSOE se plasma en el documento “Hacia una estructura federal del estado”: si bien glosa las excelencias del estado autonómico, al que una parte del mundo académico y diversos plumillas ya le atribuyen de facto carácter federal, se plantea “actualizarlo y perfeccionarlo en una perspectiva federal” en su variante cooperativista, por lo que abundan múltiples referencias al archimanido ejemplo alemán de los länder. Y con el propósito de clausurar formalmente el modelo de organización territorial del juancarlismo en su forma definitiva federal, la iniciativa recoge algunos de los principios y prácticas del federalismo, como la redefinición del sistema competencial de listado y cláusula residual; dotar al senado los rasgos de una cámara de representación territorial, más allá de los pinganillos para las traducciones simultáneas de lenguas “cooficiales”; mecanismos para dar participación a las entidades federadas en formación de la voluntad del estado, etc.
Sin embargo, para contemporizar con el separatismo de ricachones incorporan el “principio de ordinalidad” en su modelo de financiación, dando cumplida satisfacción a la vindicación sobre pretendidas “balanzas fiscales” interterritoriales. Amén de rendir otras reverencias al nacional-etnicismo catalanista como constitucionalizar los “hechos diferenciales” y “derechos históricos” de acuerdo a las previsiones estatutarias -así, la constitución debería acoger la autodefinición de “nación” para Cataluña, según el Estatut- y fragmentar el aparato de justicia, transformando los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas en tribunales de última instancia al servicio de las oligarquías secesionistas, reduciendo al Tribunal Supremo a mero tribunal de casación.
Nada habría que objetar al expediente federal si se tratara de reunir bajo esta técnica entidades estatales preexistentes en un proceso integrador de cesión de soberanías que diese luz a la formación de una sola nación y un solo pueblo bajo una nueva constitución federal. Pero España ya es una nación, estado unificado desde hace más de 500 años y patria bimilenaria. Ni Cataluña ni ninguna otra región de España son realidades soberanas previas, ni tienen carácter estatal. Porque para hablar de estado federal es preciso que haya estados que federar y soberanías que ceder.
Todo sea dicho, la reforma de la vigente constitución para amoldarla a los presupuestos federalistas del PSOE, en lo que afecte a su Título Preliminar, requería ajustarse a los procedimientos de revisión agravados que exigen mayorías cualificadas, la disolución de las Cortes, etc. En cualquier caso, si la reforma se remitiera sólo al Título VIII precisaría igualmente de procedimiento respaldado por amplias mayorías. Por lo que, en este momento, no deja ser un brindis al sol cuya única virtualidad es forzar un debate para promocionar los anhelos de estatalidad catalana bajo la cobertura de un artilugio federal que sirva de red al triple salto mortal independentista. Acaso es lo que realmente pretenda el PSOE como abanderado, no del federalismo, sino del confederalismo borbónico: dotar de estatalidad a Cataluña de la misma manera que el Estatut redactado por Rubalcaba le confirió carácter de “nación” en una revisión subrepticia de la Constitución, a través de una mera ley orgánica.
¿No coló el juncarlismo el engendro autonómico para dar cabida al nacionalismo catalán y vasco? No traguemos ahora con la remodelación federalista del estado autonómico para corregir sus disfunciones y menos para “encajar” al insaciable separatismo, sino que, por el contrario, pregonemos su completa demolición junto a la del régimen que lo ha sustentado. La única manera de reintegrar la unidad y la soberanía de la nación española es refundar España en una República unitaria sin resquicios para las asechanzas separatistas, pero compatible con amplias cotas de descentralización administrativa.
Quienes nos oponemos al curso disgregador de España culpamos ante todo al régimen juancarlista de esta situación y, a diferencia de aquellos que todavía se deshacen en elogios hacia el estado autonómico, consideramos que este es el motor de la centrifugadora: artefacto complejo, que ni compuesto ni unitario, adosado para legitimar a la monarquía borbónica; que ha impuesto una dinámica confederal y asimétrica de regiones a la greña que acaparan descontroladamente el 70% del gasto público; cobijo de la partitocracia, su redes clientelares y tramas mafiosas; algunas de las cuales constituyen enclaves promotores de un rabioso nacionalismos antiespañol y divisor de los trabajadores españoles en cantones etno-lingüísticos.
¡Ni federal ni confederal!
¡Abajo la monarquía autonómica!
¡Hacia la República española!