Cataluña, Vascongadas y Galicia son componentes de dos mil años de patria española, de quinientos años de unificación estatal de la misma y de doscientos años de intentos dirigidos a su construcción nacional moderna. Por ello, nos opondremos frontalmente a todo intento de autodeterminación de esos territorios.
Relatan los cuenta-cuentos de la “transición democrática” que uno de los retos que ésta debió afrontar fue el separatismo en Cataluña y el País Vasco. Dejemos de lado que, en aquellos momentos, tal problema era irrelevante; sólo después adquirió envergadura. Lo cierto es que el incipiente régimen buscó una solución. Ésta tenía que satisfacer “los grandes deseos de autonomía” de esas regiones, pero sin que al hacerlo se alimentara el encono del resto de españoles. La solución, conocida como "café para todos", fue mucho más lejos que la adoptada por la Constitución de la II República. Alumbró un Estado que concedía un estatuto de autonomía no sólo a las zonas donde existían grupos que la reclamaban, sino también a todos las demás. Pero para que las parroquias de vascos y catalanes antiespañoles pudieran sentirse especiales, se introdujo la distinción entre “nacionalidades” y “regiones” invocando pretéritos estatutos de autonomía de antes de la Guerra Civil. Posteriormente, este atributo de “nacionalidades” se extendió a Galicia, por los mismos motivos y razones de lengua vernácula, y a Andalucía, quizá por ser la región más extensa y poblada de todas. Y al País Vasco, donde lo de “nacionalidad” podía parecer poco, se le reconoció además la subsistencia de medievales privilegios fiscales, tal y como se hizo también con Navarra.
La promoción del Estado de las Autonomías se ha aderezado con la propagación machacona de un mito: el que asegura que ese Estado ha sido beneficioso para España porque ha propiciado un considerable desarrollo económico y político, gracias a la prodigiosa descentralización y “proximidad a los ciudadanos” que ha supuesto. Sin embargo, las presiones, cada vez más vampíricas, a que los nacionalistas catalanes y vascos someten al Gobierno de turno, con el fin de acaparar prebendas para sus clientelas, sumada a la sañuda persecución de todo lo español en esos territorios, provocan que el mito del Estado de las autonomías vaya perdiendo adoradores.
El Partido Nacional Republicano estima que el Estado de las Autonomías ha sido incubadora del separatismo en unos sitios y de la insolidaridad, ineficacia, despilfarro, corrupción y tentativas de asfixia de la vida municipal en todas partes. Además, al asignar a todas las comunidades autónomas que lo demanden competencias omnímodas, ha investido de inmensos poderes a los aparatos regionales de los dos partidos llamados “nacionales”, el PSOE y el PP, con lo que la dinámica de fuerzas centrífugas se ha amplificado. Esos grandes partidos del régimen, con el fin de lograr para sus huestes los privilegios que otros han conseguido con la amenaza del separatismo, se esfuerzan de modo incesante en acrecentar el poder que el sistema de las autonomías ha puesto en sus manos, a expensas del “Estado”. Por si esto fuera poco, viene la Sra. Rosa Díez y propone una reforma electoral que, según cree, podría mermar la capacidad de chantaje de los nacionalistas periféricos pero que, al postular que las provincias sean sustituidas como circunscripciones electorales por las comunidades autónomas, reforzaría el papel institucional de estas últimas.
Ha llegado el momento de reconocer que nuestros problemas ya no brotan sólo de Barcelona o Vitoria. El cáncer se ha extendido a todas partes. El PP y el PSOE compiten en Galicia para ver quien erradica más a fondo la lengua común de España. En Andalucía se exige el pago de quiméricas deudas históricas con el que seguir nutriendo la corrupción autonómica y el voto subsidiado. En Aragón y en todo el Levante, los electores votan según qué partido es más solícito a la hora de atender sus exigencias hidrológicas. En Madrid, crecen las quejas por la falta de reinversión de los muchos impuestos que allí se recaudan
Cuanto antes reconozcamos el problema y formulemos alternativas claras para su solución, mejor. El Partido Nacional Republicano afirma en el punto 4. de su Programa: “Ordenación territorial en régimen de descentralización administrativa, basada en las Provincias y los Municipios, con sus diversas formas de asociación: mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. Derogación del sistema de las autonomías, tanto en su versión originaria, como en su actual deriva confederal. Abolición de toda forma de régimen foral, conciertos y demás modalidades de privilegio territorial”.
Cataluña, Vascongadas y Galicia son componentes de dos mil años de patria española, de quinientos años de unificación estatal de la misma y de doscientos años de intentos dirigidos a su construcción nacional moderna. La Cataluña y el País Vasco de la actualidad se han erigido con el soporte del Estado español y gracias al esfuerzo de millones de trabajadores andaluces, extremeños, murcianos, castellanos... Por ello, nos opondremos frontalmente a todo intento de autodeterminación de esos territorios. En cambio, no somos contrarios a la autodeterminación de las personas singulares. No es nuestra intención obligar a nadie a ser ciudadano español.
El PNR es, en primer lugar, un partido nacionalista español. Además, es un partido republicano y socialista porque cree que esto es lo mejor para España. Las cuestiones de la república o del sistema socioeconómico son asuntos cuyo debate sólo tiene sentido entre compatriotas, entre nacionales. De aquí que estime necesario preguntar previamente en todos los sitios, no sólo en Cataluña, Vascongadas o Galicia: ¿quiénes quieren ser ciudadanos españoles? ¿quiénes no quieren serlo?. Y esto, con todas las consecuencias jurídico-políticas que se deriven en los respectivos derechos y obligaciones. Quienes no quieran ser ciudadanos españoles siempre podrán gozar de un estatuto de residentes, y no se les impedirá, si es su deseo, buscar un nuevo país de acogida que permita, en su legislación, el “derecho de autodeterminación de las nacionalidades”. A la vez, quienes queremos ser ciudadanos españoles, podremos serlo con plenitud, es decir, iguales ante la ley y en condiciones sociales de desarrollo, sin que mesnadas de nostálgicos de la Edad Media y racistas nos asesinen, opriman y expolien. Y sin que unos listos se pongan al rebufo de los anteriores par dividirnos y vivir del cuento. ¿Quiénes queremos ser españoles? ¡Abajo el Estado de las Autonomías!