Ya no es tiempo de parches y cataplasmas reformistas. Es tiempo de preparación de la ruptura democrática: del derrocamiento de la monarquía por la acción directa popular e instauración de la III República.
Se oyen voces contra la persecución del castellano, contra el escandaloso reparto del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre las diversas banderías togadas de la partitocracia, contra los exabruptos y chantajes del PNV, CiU y ERC o del BNG, amparados por el PSOE. Pero esas voces no suelen desbordar los umbrales del respeto al régimen. Se detienen en la propuesta de ridículas regeneraciones del mismo. Pero ya no es tiempo de parches y cataplasmas reformistas. Es tiempo de preparación de la ruptura democrática: del derrocamiento de la monarquía por la acción directa popular e instauración de la III República, para la abolición del Estado de las Autonomías; la prohibición de todos los partidos políticos antiespañoles; la consideración de la lengua castellana como única oficial, por su carácter de institución de la patria común, y no como simple derecho individual; la entronización de un poder judicial verdaderamente independiente de los partidos políticos.
Sin república única e indivisible, de estructura presidencialista, no puede pervivir la Nación española, quedando su evocación limitada retóricamente a la Corona. Ni puede existir democracia en su seno, sino sólo una partitocracia podrida, progresista o conservadora, falsamente nacional y aliada con carroñas racistas. Ni podrá hablarse de ciudadanos, sino meramente de siervos sometidos a cortijos neofeudales erigidos en “naciones”.
La “hoja de ruta” del régimen hacia su apoteosis confederal –España como “Nación de Naciones- es zigzagueante. Pero no se detiene.
Esa trayectoria se aceleró de forma brutal tras el 11.M, particularmente con la aprobación del Estatuto de Cataluña y el “proceso de paz” con ETA. Sin embargo, el “proceso” topó con las movilizaciones de 2006-2007 y con el riesgo de una sangría electoral para Zapatero. Éste se vio forzado a un aplazamiento de los cambalaches públicos con ETA. Los etarras asesinaron a un militante de segunda fila del PSOE en la víspera de las elecciones generales, aportando una buena dosis de credibilidad al viraje de Zapatero hacia el “gobierno de España”.
Tal viraje debe ser ahora mantenido para hacer frente a la crisis económica. Pasos en esta dirección: escenificación de la resistencia al “pulso”de Montilla; pronunciamiento del TC contra el referendo de Ibarreche, ilegalización de ANV y del PCTV, detenciones de etarras… Dentro de lo previsto, ETA ha respondido con nuevos atentados y Rajoy se ha puesto en posición de firmes en apoyo al “esfuerzo antiterrorista” del gobierno”.
Zapatero está logrando dar la vuelta a su imagen antinacional de hace escasamente un año y medio ante importantes sectores de la opinión. El PP ha diluido totalmente su marca de oposición a la 'rendición ante el separatismo'.
No podemos dejarnos engañar por este maquillaje patriótico. Zapatero ha permitido que ANV conserve todos sus concejales y alcaldes y el PCTV sus representantes en el parlamento vasco. Los etarras detenidos son segundones. ETA está configurando abiertamente un nuevo brazo electoral. Eguiguren, hombre fuerte del socialismo vasco, ha manifestado su disposición a reemprender el diálogo con ETA “si se dan nuevas condiciones”. El castellano, nuestra lengua común, es rabiosamente perseguido en todas las “naciones históricas”. El PSOE domina la composición del TC que, en el momento oportuno, debe ratificar la “Nación catalana”. No está de más sintetizar sus contenidos esenciales.
La definición de Cataluña como nación no se limita al preámbulo del Estatuto, sino que impregna todo su contenido, empezando por la mención a los denominados símbolos nacionales de Cataluña (art. 8). Se desecha como ya innecesaria la falacia de la cooficialidad instituida por la Constitución española y el catalán es instaurado como la lengua propia de Cataluña (art. 6.1) imponiéndose el deber de conocerlo (art. 6.2). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “culmina la organización judicial” (art. 75), con lo que la justicia se separa de la del resto de España y queda sometida a las consignas de los políticos catalanistas; éstos ejercen control sobre los medios de comunicación mediante un organismo parapolicial, el CAC (art. 82). Se configura una Agencia tributaria catalana que gestiona, recauda, liquida e inspecciona todos los tributos de manera independiente (art. 205), abriendo una compuerta al saqueo del conjunto de España. Se asumen competencias antes exclusivas del Estado en materias como las Cajas de Ahorros (artículo 120), la inmigración y los permisos de trabajo (art. 138.2), las universidades (art. 172) y la cultura (art. 127). Se garantiza la financiación de las infraestructuras de Cataluña durante los próximos siete años (Disposición 6) a costa del resto de España. Y, en fin, se otorga al gobierno catalán el veto a las decisiones de las Cortes y del gobierno español en ámbitos como las negociaciones en el seno de la UE (art. 186. 2 y 3); la inmigración (art. 138.3); la economía (art. 181); y la energía aun cuando se aprovechen esas fuentes de energía fuera de Cataluña (art. 133).
Es posible que el Tribunal Constitucional pase el cepillo por algunos de esos preceptos, para limar estridencias. Pero en lo esencial, el Estatuto se mantendrá, pues sella de nuevo el pacto de hierro entre la Corona y los separatistas y aporta el modelo que el régimen considera imprescindible para Cataluña, Vascongadas y Galicia. Paso tras paso, todo esto se impondrá. Y en ese momento, nadie podrá negar lo que es ya evidente ahora para nosotros: que España ha dejado de existir como entidad política.