En el terreno socioeconómico el PP tiene el mismo grado de autonomía programática que el PSOE; es decir, ninguna. Aquí no hay más marco que el plan de ajuste neoliberal impuesto por EE.UU, la UE y el FMI. El PSOE lo ha comenzado. Al PP le corresponde rematarlo.
Al PP se le acaba el tiempo del dontancredismo, de la calculada indefinición en todos los asuntos, a la espera de que la catástrofe económica descabalgue al PSOE. Sus propios seguidores han comenzado a reclamarle «programa, programa, programa». Y Rajoy ha respondido a esa demanda: «vamos a tomar medidas».
Así, ha celebrado como un «acontecimiento de trascendencia universal» el que el Papa, al visitar Cataluña, hable en catalán. Rajoy, en tanto que paje de la monarquía, está a favor de su Estado de las Autonomías y de la cooficialidad idiomática, quimérico postulado urdido para marginar la lengua común de los españoles. Además, ha terminado aceptando el Estatuto de Cataluña, que impone el catalán como lengua oficial de esa “nación”. De todos modos, esa toma de posición de Rajoy no introduce nada nuevo en la práctica del PP. Éste ya ha encabezado la erradicación del castellano en Baleares, Galicia y hace lo que puede en Valencia. Rajoy sabe que, en caso de ganar las elecciones de 2012, va a tener que pactar con CiU y ya prepara ese pacto con poses catalanistas que irán en crescendo.
Algunos portavoces del PP han amenazado al PSOE con desclasificar documentos relativos al 11-M y al caso Faisán. Por misericordia pueden ser calificados simplemente de bocazas. También Aznar amenazó a González con desclasificar los papeles de los GAL y luego pasó página, por decisión propia o por indicación de la Autoridad Competente.
En el punto relativo a los tejemanejes del gobierno con ETA, Rajoy dice que se «siente informado». Otros prebostes del PP fingen posiciones "duras” e incluso hablan de «derrota de ETA». Pero cuando el relanzamiento del “proceso de paz” arranque de forma oficial, con toda su parafernalia de treguas, mediadores internacionales, etc., el PP se pondrá a remolque de la “superación del conflicto”. Se limitará, en el mejor de los casos, a tratar de endurecer las “contrapartidas” a la “paz”.
En el terreno socioeconómico, que es el predilecto de Rajoy, el PP tiene el mismo grado de autonomía programática que el PSOE; es decir, ninguna. Aquí no hay más marco que el plan de ajuste neoliberal impuesto por la banca, la UE y el FMI. El PSOE lo ha comenzado en mayo y llegará hasta donde pueda. Al PP le corresponde rematarlo. ¿Cómo? Según Rajoy, impulsando privatizaciones en sectores como ferrocarriles, aeropuertos, correos, etc. y “liberalizaciones” en todos los servicios públicos.
Para entender el mensaje rajoyesco sobre las “liberalizaciones” es preciso tomar en cuenta que, según la legislación vigente, los servicios públicos admiten formas de gestión directa e indirecta. La gestión directa puede ser indiferenciada –a cargo de la propia estructura administrativa–, o descentralizada funcionalmente (mediante empresas públicas, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado). La indirecta reviste múltiples modalidades. Pero todas ellas tienen en común el traslado de la gestión de sectores o paneles de un servicio público a empresas privadas o la colaboración de la Administración con las mismas: concesiones, conciertos, arrendamientos de servicios, empresas mixtas, etc. Esta vía, preconizada por el PP para todos los servicios, no supone todavía la privatización total, aunque sí un paso fundamental hacia la misma. La titularidad del servicio sigue siendo pública, pero franjas enteras del mismo pasan a ser gestionadas por empresas privadas con todas sus consecuencias: imperio del móvil del beneficio, precarización del personal contratado, sueldos esquilmados, caída de la calidad de las prestaciones, etc.
A través de las brumosas vaguedades características del estilo tartufo de Rajoy, se abre paso de forma creciente el extremismo capitalista de choque propio del ideario neoliberal. El PP y sus satélites mediáticos son los principales responsables de la demonización de los funcionarios. Ahora Rajoy enuncia principios: «más sociedad y mejor gobierno»; que «la iniciativa privada sea el motor de la sociedad» y que «la ley y el Estado sean garantía de que nadie se quedará fuera de la prosperidad». En otras palabras: todo lo público es malo, lento y despilfarrador; sólo la persecución del beneficio privado introduce agilidad y eficiencia. La sociedad es una suma de individuos, coincidentes en un mercado, entre los que destaca la excelencia de los empresarios, ahora llamados “emprendedores”. La propuesta no puede ser otra que la de demolición de lo público en provecho de los capitalistas (“creadores de empleo” por amor al arte). En cuanto a los excluidos de la “prosperidad”, después de que el PSOE ha suprimido el ministerio de Igualdad, que era un mero aquelarre, Rajoy tiene vía libre para proponer algún ministerio de la Caridad Compasiva, con el que manipular la sensibilidad católica.
Ahora bien, esa desvalorización y voluntad de minorización de lo público afecta tan solo, en el mensaje del estadista de Pontevedra, a la actividad prestacional de servicio, no a la monstruosa estructura política del régimen, a las autonomías y al sistema de la partitocracia, donde medra el PP. Un cártel seudopatriótico y farisaico desea llegar al gobierno para saquear lo poco que pueda dejar en las arcas públicas el cártel de demagogos seudosocialistas.
José Blanco ha acusado a Rajoy de tener una “agenda oculta”. Pero es el PSOE quien tiene necesidad de ocultar que desde mayo pasado ha debido asumir, por imposición de la UE y el FMI, más de la mitad del programa neoliberal del PP. También le acusa de pretender «la destrucción del Estado del Bienestar». Pero son todos los partidos oficiales los obligados a dejar atrás esa fase de la historia del capitalismo.
Los nacional republicanos defendemos las conquistas políticas y sociales de los trabajadores. Pero no situamos esa defensa en la perspectiva de reconstrucción del Estado del bienestar, o Estado social. Éste fue el fruto, en la Europa de postguerra, de un pacto por el cual la izquierda del capital –la socialdemocracia principalmente– se comprometió a abandonar sus sermones dominicales sobre la nacionalización de los medios de producción a cambio de una expansión de la sanidad, las pensiones y educación públicas, la asistencia social y otros servicios. La crisis ha demolido las bases de ese pacto. Frente a ella no hay otra salida que el avance de las naciones europeas hacia soluciones socialistas.