Con la monarquía de Juan Carlos I, España ha sido malograda: queda frustrado el intento, que arranca de 1812, de constituirnos en Nación moderna. El vigente régimen monárquico, con sus partidos corruptos y antinacionales y sus diecisiete autonomías centrífugas, ha precipitado a nuestra Patria en la desarticulación. A la vez, de la mano del gran capital, nos ha hundido en una catástrofe económica gigantesca que ataca, divide y somete al trabajador español y nos convierte en colonia de Eurolandia. Pero existen, sin duda, españoles dispuestos a combatir. Les llamamos a una lucha sin desmayo por la construcción nacional de España. ¡Ahora ya no hay más España que la que nosotros, los españoles, queramos erigir!
No proponemos el retorno a nada anterior. Se hace precisa la refundación de la Nación española mediante profundas transformaciones democráticas y sociales. En primer lugar, para asegurar la pervivencia de España. Y también, para que España ocupe un lugar destacado en la construcción de una nueva Europa en lugar de la presente Eurolandia.
Tales tareas hacen preciso un partido político de firme oposición al régimen y al sistema capitalista al que sirve, inspirado por los logros políticos más egregios que ha alumbrado la Historia y asentado en el concepto de verdad racional, lógica y experimental. Este partido existe y lucha: es el Partido Nacional Republicano.
He aquí las bases de afiliación al mismo y que constituyen las guías de su acción.
El Partido Nacional Republicano denuncia como chatarra ideológica las distinciones entre partidos obreros y partidos burgueses y, por ende, todas sus derivaciones: izquierda y derecha son partidos de la monarquía de los banqueros y, al igual que los “sindicatos de clase,” no son más que órganos del Capital destinados a mantener su dominio.
Rechazamos participar en los procesos electorales con los que se plebiscitan las fracciones de la monarquía. La posición antiparlamentaria del Partido Nacional Republicano no proviene de un rechazo del Estado, propio de los anarquistas, ni de la pueril condena de toda forma de acción legal, ni de la negación del ideal democrático. Se desprende de su propuesta de refundación nacional de España, que implica la defenestración del vigente régimen y el avance hacia la instauración de una República democrática y, por lo tanto, unitaria, presidencialista y socialista. Esto no es posible a través de los marcos institucionales del juancarlismo. Sólo lo es a través de una vía de acción directa de masas que forje sobre la marcha sus propios marcos de combate.
1. República española única e indivisible. La soberanía nacional residirá en el conjunto del pueblo español: ningún territorio, grupo o individuo podrá usurpar facultades inherentes a su ejercicio. Igualdad de los españoles ante la ley y en cuanto a condiciones sociales de desarrollo, con independencia de la región en que hayan nacido.
2. República presidencialista, con elección directa del Jefe del Estado por el conjunto de la Nación mediante sistema mayoritario y nombramiento del Gobierno por el Jefe del Estado. Atribución de la función legislativa y de control del Gobierno a una única Asamblea Nacional; los diputados de la misma serán elegidos a través de fórmulas mayoritarias sobre la base de distritos o circunscripciones uninominales establecidas en el marco de las provincias. El derecho al voto, para cualquier comicio, quedará reservado exclusivamente a quien ostente la ciudadanía española.
3. Cese de la financiación pública de partidos, sindicatos y patronales. Prohibición de partidos separatistas, racistas y fundamentalistas de corte teocrático.
4. Magistratura independiente, cuya instancia máxima, el Tribunal Supremo, sea elegida por los propios encargados de juzgar y aplicar lo juzgado. Fiscalía igualmente independiente, con fuerzas de seguridad exclusivamente subordinadas a la misma.
5. Ordenación territorial integrada por la Administración General del Estado y por la Administración Local. Esta incluirá las Provincias y los Municipios, con sus diversas formas de asociación: mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. En lo que se refiere a los Municipios, serán objeto de un proceso de concentración para erradicar el inframunicipalismo. Derogación del sistema autonómico. Abolición de toda forma de régimen foral, conciertos y demás modalidades de privilegio territorial. La mayor parte de las competencias actualmente ejercitadas por las Comunidades Autónomas deberán ser revertidas a la Administración General del Estado; el resto, transferidas a los Entes Locales. Entre ambas esferas administrativas serán redistribuidos los recursos humanos y materiales en manos hoy del despilfarro autonómico, procediéndose a su posterior racionalización bajo la nueva Administración.
6. La única lengua oficial de la República, en todas sus instituciones, administraciones y niveles educativos, será la lengua española. Entendida como institución integradora de la patria española común, todos los ciudadanos tendrán el deber y el derecho de conocerla, sin que ese derecho deba buscar amparo en “la libertad individual” o “la lengua materna”.
A la vez, se garantizará en los planes de estudios el conocimiento del resto de lenguas españolas en todo el territorio nacional, pero no se les conferirá el carácter de “cooficiales” en zona alguna.
7. Sistema educativo enteramente público y gratuito, con una doble función: promover la educación nacional de las nuevas generaciones y transmitirles el conocimiento que les permita la excelencia en su desarrollo personal y en su servicio a la Patria.
Serán abolidos todos los planes, instigados por la vigente Eurolandia, dirigidos a someter la educación a las exigencias de rentabilización del capitalismo en bancarrota.
El Estado nuevo por el que combatimos impartirá una educación patriótica, republicana y socialista que, sin embargo, no invadirá esferas reservadas a la moral privada. Repudiamos la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC) por sus contenidos antinacionales, antidemocráticos y propagadores de la barbarie y el nihilismo.
8. La disolución nacional a la que nos han abocado el régimen borbónico y las fuerzas del capital a las que sustenta, no concluye exclusivamente en la balcanización territorial de España, sino que se prolonga en un ataque contra su población mediante programas de aniquilación física amparados en supuestos derechos individuales y a través del reemplazo poblacional exógeno.
El Estado nacional republicano desplegará todos los medios a su alcance para la protección del feto, desde el momento mismo del embarazo, al que otorgará la consideración de futuro ciudadano sujeto a régimen tuitivo. Será obligación positiva para el Estado garantizar al nasciturus las condiciones que favorezcan su pleno desarrollo, mediante ayudas especiales a la mujer y, para el caso de la negativa de ésta al cuidado del ya nacido, mediante la articulación de redes de acogida y, si fuera necesario, a través del cuidado institucional directo.
Bajo la III República el aborto no será considerado un derecho, sino un acto sujeto a prohibición alzada sólo mediante autorización ceñida a supuestos excepcionales.
La vida de nuestros compatriotas es valiosa y no le priva de dignidad el hecho de que se halle disminuida en sus posibilidades por las deficiencias síquicas, las minusvalías físicas, la ancianidad o el deterioro provocado por la enfermedad. El PNR se opone a toda forma de eutanasia (suicidio asistido) y eugenesia. Las invocaciones a la “muerte digna” son funcionales a los discursos de reducción de costes sanitarios y pensiones.
9. República laica. Separación –simbólica, política, administrativa y económica– del Estado y las iglesias.
Autofinanciación de las confesiones. Libertad religiosa y de culto de los ciudadanos dentro del respeto al orden público. Se evitará que las religiones contrarias a nuestra cultura política democrática, cual es el caso del islam, adquieran arraigo masivo en nuestra Patria.
10. Consideración de la seguridad pública como condición indispensable del ejercicio de las libertades y derechos. Preeminencia de la función de ejemplaridad de la sanción penal y de la atención a las víctimas de la delincuencia.
Identificación y castigo de los autores intelectuales, encubridores y verdaderos ejecutores de la matanza del 11 de marzo de 2004.
11. El Partido Nacional Republicano aboga por un socialismo maduro, asentado en cuatro grandes pilares: la propiedad pública de los grandes instrumentos de producción y cambio; una planificación que permita dirigir la economía, no sufrirla; la tendencia a configurar el excedente creado por el trabajo nacional como fondo comunitario, destinado según convenga a los intereses generales; y la democracia aplicada a todos los niveles de gestión del sector socializado y de la planificación. Todo ello en aras de nuestra soberanía e independencia nacional, para liberar a nuestra Patria del yugo del gran capital y dotar de sustancia efectiva a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, para cerrar el camino al eterno retorno de crisis como la que ahora padecemos y para elevar el Trabajo al predominio que le corresponde.
Rechazo del capitalismo, sistema asentado en la propiedad privada de los grandes medios de producción y cambio, que da lugar a una producción de mercancías mediante mercancías –ante todo el trabajo, la técnica y el dinero–. Su único objeto es maximizar un excedente que adopta la forma específica de beneficio privado. Además, este sistema ha mantenido formas de renta procedentes de sociedades anteriores, como son la renta de la tierra y el interés financiero, derivado de las prácticas de la usura.
12. El socialismo implica el paso a propiedad estatal, sin compensación, de los grandes medios de producción y de los sectores estratégicos.
Dentro de este sector público se impone de inmediato la socialización del sistema financiero; sector de la energía; industrias electrónica y química; producción de bienes de equipo; siderurgia; automóvil; industria farmacéutica; industrias aeroespacial, naval y de armamento; grandes medios de transporte; telecomunicaciones; grandes concentraciones agrarias y otros sectores decisivos hoy en manos de los oligopolios.
Los servicios esenciales, como la seguridad social, sanidad y la enseñanza, permanecerán íntegramente en esta esfera de la titularidad pública. Algunos enclaves fundamentales de la misma –como el sistema financiero– recurrirán a formas de gestión directa indiferenciada. Pero, de modo general, se primará las formas de descentralización funcional mediante entes institucionales que integren como un conjunto cada sector de actividad, escalonadamente, mediante la participación de niveles provinciales y locales. En sus consejos de dirección se integrarán representantes de la Administración, de los trabajadores y, en su caso, de los usuarios. La orientación de esta división socialista del sector público se dirigirá hacia la generación del fondo comunitario, al margen de cualquier criterio de mercado.
Para el resto de sectores y actividades, la ordenación económica incluirá un espacio de mercado poblado por medianas, pequeñas y muy pequeñas empresas, además de trabajadores autónomos, que será objeto de regulación en tantos aspectos como requieran los intereses nacionales. Este espacio privado gozará de amplias ventajas crediticias, fiscales, administrativas y de las medidas de protección que se estimen oportunas, dentro del marco de observancia de la legislación laboral y tributaria.
Asimismo, se habilitará a la Administración general y local para el ejercicio de la iniciativa pública concurrente en el mercado. Esta división del sector público adoptará para su gestión la forma de Sociedad Mercantil. El beneficio obtenido de su actividad se destinará al erario público.
Rechazamos las “nacionalizaciones” bajo el vigente Estado, así como el recurso a la “autogestión” y demás fórmulas demagógicas de capitalismo sindical.
13. Plan Nacional de Trabajo. Supondrá, inicialmente:
a. Desacoplamiento con el sistema financiero internacional: ruptura con el euro y toda disciplina monetarista. Cancelación de todos los acuerdos suscritos en beneficio de otras naciones que han significado, de un lado, la ruina de gran parte de nuestro tejido industrial y comercial en nombre del “libre cambio internacional” y, de otro, la aceptación de cupos de producción y restricciones voluntarias a nuestra actividad económica.
b. Unificación de todos los bancos y cajas en un Banco Nacional del Trabajo, con función de banco emisor.
c. Prioridad otorgada al sector de producción de medios de fabricación e infraestructuras. Máximo fomento tecnológico para un rápido rearme industrial, la puesta a pleno rendimiento de capacidades instaladas hoy ociosas y la modernización de la agricultura, cabaña y flota pesquera. Movilización para un ambicioso proyecto de reforestación. Desarrollo equilibrado de las regiones y el fin de las tendencias al acaparamiento exclusivista de recursos naturales.
d. Esfuerzo intenso y sostenido de inversión con destino a la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación.
e. Soberanía energética. Creación de una entidad nacional de la energía y su control por un organismo de seguridad independiente de la misma, con potente apoyatura científica y capacidad de intervención fulminante. Recurso a la energía nuclear en condiciones óptimas de seguridad y protección del medio ambiente.
f. Línea de créditos blandos a PYMES, parte de los cuales deberán destinarse a la normalización de sus situaciones laborales.
g. Como fruto de las actuaciones enunciadas, liquidación de la herencia histórica del paro y efectiva garantía de trabajo para todos los españoles. Fin de todas las políticas de laissez faire liberal en materia de inmigración: lucha intransigente contra la inmigración ilegal y adecuación del flujo migratorio legal a las condiciones socio-económicas de cada momento, mediante políticas de cupos.
h. Acceso a la vivienda: creación de una institución pública dotada de financiación y potestad expropiatoria que le permita la adquisición masiva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, al margen de las fluctuaciones del mercado. Entre las funciones de este instituto estará la gestión al servicio de la Nación del enorme parque de viviendas vacías obtenido tras la socialización de la banca. Estas medidas atenderán a las demandas que genere la movilidad geográfica de nuestros compatriotas en aras del desarrollo y cohesión nacional. Se establecerán garantías efectivas frente a los abusos e incumplimientos de los inquilinos.
i. Fiscalidad basada en la imposición directa y progresiva.
j. Defensa y mejora del sistema público de pensiones cuyo sostenimiento se hará con cargo a los presupuestos del Estado, sin atender a falaces argumentaciones que vinculan su viabilidad al flujo inmigratorio o a la tendencia demográfica.
14. Por un ejército nacional de base profesional, altamente tecnificado, armado de sustancia patriótica y de todos los medios materiales necesarios para garantizar la soberanía e integridad de la Nación. No puede ser una lastimosa ONG ni una tropa auxiliar de intereses ajenos a España.
15. Salida de España de la OTAN y denuncia del Tratado de Cooperación con USA sobre bases militares. Eliminación del dominio colonial inglés sobre Gibraltar.
16. Defensa de la españolidad de Ceuta, Melilla y las islas Canarias frente a las amenazas extranjeras.
17. Rechazo de la actual Unión Europea. Alianza con todos los movimientos decididos a instaurar una Europa realmente democrática, socialmente avanzada y articulada mediante fórmulas confederales.
Quien quiera ser español tiene la ingente labor de construir la Nación Española y movilizarse para ello. Y deberá hacerlo en ruptura con el régimen antinacional, antidemocrático y antisocial de 1978. Esta tarea convierte en imprescindible un Partido que, como el Partido Nacional Republicano, se imponga como fin único esta misión histórica inaplazable.
¡Viva España!
¡Hacia la III República!
¡Milita en el Partido Nacional Republicano!
Aprobado en la VII Conferencia del Partido Nacional Republicano,
19 de noviembre de 2011.